La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 36 países cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París (Francia).
En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros.
La OCDE realiza estudios económicos para alrededor de 50 países cada dos años, y específicamente para México el pasado mes de mayo se emitió el ejemplar 16vo.
El estudio parte considerando tres grandes problemáticas, descritas a continuación:
- Desaceleración del entorno económico
- Incertidumbre en la relación con Estados Unidos, siendo éste su principal socio comercial, con el cual no se ha logrado una ratificación del TMEC
- La transición del nuevo poder ejecutivo, que llega con la implementación de diversos cambios profundos
Tomando en consideración estos puntos previamente descritos, se observa que la economía de México ha venido sufriendo una desaceleración en los últimos años, pasando de 2.3% en 2017 a 2% en 2018, y a 1.6% en 2019. Ahora bien, para el siguiente año 2020 se estima que se tenga una recuperación del 2%; sin embargo, el estudio destaca un riesgo que podría poner en peligro dicha estabilidad, y se llama PEMEX.
PEMEX afecta la deuda pública de México, pudiendo llegar a asignar un mayor presupuesto para el pago del interés de su deuda, generando como consecuencia menos inversión de recursos en áreas como la salud, la educación, infraestructura y políticas sociales. El objetivo debe de ser de PEMEX una fuente de estabilidad para el país, no de vulnerabilidad.
Por otro lado, México es uno de los países de la OCDE que más reformas ha promovido en los últimos años, sin embargo, dichos cambios no se han visto reflejados en el crecimiento de la economía mexicana. México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos entre los países miembros de la OCDE. Otras de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral, que afectan a cerca de 60% de los mexicanos. Los trabajadores informales no tienen seguro social, no cotizan para una pensión y no tienen derecho a licencia por maternidad o paternidad.
Por lo que se refiere a la cobertura sanitaria, México tiene uno de los peores desempeños de la OCDE en esperanza de vida, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil. Esto a su vez también trae consigo un enorme desafío en el tema de las pensiones, mismas que ejercerá gran presión sobre el presupuesto a partir de 2030, cuando estos trabajadores se comiencen a jubilar (con pensiones muy precarias).
El problema es aritmético, si solo se contribuye con el 6.5% de los salarios, la pensión solo cubriría el 25% del último sueldo, aun suponiendo que el trabajador pagó su contribución completa durante toda su carrera. Agreguemos a ese problema el tema de la informalidad, y tenemos un peligro inminente: viejos pobres. Las posibles soluciones pueden incluir: aumentar las contribuciones cuando menos al doble (idealmente al triple), prolongar la edad de retiro, o una combinación de ambas. Combinar los recursos de las Afores con los de Infonavit podría también mitigar el déficit.
Por otra parte, el estudio destaca otro factor clave que frena el desarrollo del país: la baja participación laboral de las mujeres mexicanas. Si bien esta participación ha aumentado sustantivamente en los últimos años (de 36% en 1990 a 47% en 2017), sigue siendo la segunda más baja de la OCDE y es significativamente menor que la de los hombres (de 82%).
Finalmente, para hacer frente a estos y otros desafíos que presenta el país, el estudio presenta una serie de recomendaciones concretas con el objetivo de promover un mayor crecimiento, detalladas a continuación:
México puede mejorar significativamente su política fiscal para hacerla más progresiva. El estudio argumenta que se puede incrementar la relación impuestos-PIB de manera más incluyente ampliando la base impositiva, fortaleciendo el combate a la evasión fiscal, y reforzando la capacidad de las administraciones fiscales a nivel federal y estatal. También es importante reducir las exenciones en el ISR, elevar el impuesto predial, reducir las exenciones y los subsidios en el impuesto estatal sobre vehículos de motor y elevar la eficiencia de la recaudación del impuesto estatal sobre la nómina.
México también tiene que mejorar su productividad. El informe recomienda implementar una estrategia global de promoción de la productividad que contribuya a aumentar la competencia, mejorar la competitividad y la formalidad de las empresas mexicanas, resolver los cuellos de botella en infraestructura y elevar la calidad de la educación para todos.
El estudio recomienda que el gasto en educación se concentre en la primera infancia, la pre-primaria, la primaria y la secundaria. Y se hace un mayor énfasis en la educación de la primera infancia, porque es determinante para el desarrollo educativo de cualquier ser humano, pero también porque permitiría aumentar la participación de las madres en el mercado laboral.
De igual manera se propone el desarrollar prácticas estandarizadas para que los Estados presenten sus presupuestos educativos; y fortalecer los programas de educación y orientación vocacional.
Mejorar la calidad y efectividad de los programas sociales es otra de las recomendaciones clave, asegurando que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos y evitar duplicación de beneficiarios y programas.
Para enfrentar los desafíos en las pensiones el estudio propone contener las obligaciones asociadas con los trabajadores de la “generación transición”, implementando un mecanismo prorrateado que preserve los derechos adquiridos y realizar la transición al nuevo sistema de contribuciones definidas (CD) en una fecha predeterminada. Las contribuciones al sistema de CD deben aumentar gradualmente para mejorar la adecuación de las pensiones y también se debe acortar el periodo mínimo de contribución, requerido para calificar para una pensión. De esta manera se incrementarían también los incentivos para la formalización del trabajo.
El estudio apunta también a una de las necesidades más urgentes de México: mejorar la calidad de sus instituciones y fortalecer el estado de derecho. Para ello es crucial completar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales, garantizar la suficiencia presupuestal, la autonomía y la independencia del poder judicial y seguir fortaleciendo la autonomía y capacidad de las autoridades de competencia y de los reguladores sectoriales, así como mejorar la calidad del servicio público. A México le urge profesionalizar cada vez más a su administración pública, sobre todo a nivel estatal y municipal, dotando a los funcionarios de la remuneración, los conocimientos y los medios tecnológicos necesarios para evitar y combatir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios.
Como se puede observar, México ha ido acatando varias de estas recomendaciones emitidas por la OCDE, las cuales ya se han vistas reflejadas en algunas de las acciones que ha llevado a cabo este nuevo gobierno, mismas que también nos hacen tener una mayor perspectiva de lo que quisiera lograr el ejecutivo en los próximos años de gobierno. Para muestra en la Ciudad de México hemos visto como se ha empezado a incorporar el programa “SUMATE”, mismo que busca acompañar a la formalidad a todos las pequeñas y medianas empresas, apoyándolas con los trámites fiscales iniciales. Habría que decir también que, en el tema de la evasión fiscal, es un tema que ha ido tomando más importancia, endureciendo las sanciones por dichos actos, actualmente el senado ya autorizó la tipificación de este delito como defraudación fiscal, mismo que ha sentenciado de 5 a 8 años. Finalmente, como se ha observado en el proyecto del paquete económico, las contribuciones fiscales no han tenido un aumento por la creación de más impuestos, sino que lo que ha optado el estado es ampliar la base de contribuyentes, identificando y señalando algunas actividades que se habían pasado por alto y habían venido generando ingresos en diversos sectores, sin que los mismos hayan sido reportados en el país. Valdría la pena reflexionar sobre la situación fiscal en la cual nos encontramos como personas físicas o como partícipes de una gran compañía y ver qué mejores prácticas se pueden llevar a cabo, si estamos actuando apegados a derecho y si hay cosas que subsanar, sería un buen punto para empezar a autocorregirnos, ya que las facultades de las autoridades fiscales para lo que resta del sexenio van a ejercerse con mayor énfasis con el único objetivo de aumentar considerablemente la recaudación fiscal del país.
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